Escuchando las loas episcopales a la regularización extraordinaria de inmigrantes me ha venido a la mente el aserto de Benedicto XVI advirtiendo que “sin verdad la caridad cae en mero sentimentalismo” (Carta Encíclica Caritas in Veritate).
La idea puede expresarse con mayor rotundidad; la caridad sin verdad engaña. Y, siendo las medias verdades las peores mentiras, porque enmascaran el engaño, al abordar asuntos sensibles, relevantes y complejos es primordial no obviar partes de la verdad por incomodas que sean como ha hecho la Conferencia Episcopal al respaldar la regularización masiva de inmigrantes en su afán de alentar un sesgado espíritu caritativo.
Es otra muestra de esa visión buenista de un cristianismo amigable, exento de pesadas cruces, en la que el diablo y el infierno conforman un mito, el pecado es un reproche y la conversión innecesaria porque el amor divino todo lo perdona sin condiciones. Que un gobierno oportunista instrumente la inmigración presentando sólo su lado positivo, debidamente adornado, ya es bastante malo como para que la jerarquía eclesial calque el formato apuntalándolo con una caridad sin plena verdad.
Primero asumieron el lenguaje políticamente correcto, nunca inocente, adoptando el término «migrante», en detrimento de las palabras inmigrante (el que llega) y emigrante (el que sale). Así, sumándose a un cambio terminológico tan repentino y globalizado que no parece accidental, se incorporaron a esa corriente posmoderna asentada en la indeterminación. Antes migraban las aves, luego las tecnologías y los datos. Hoy, para restarle hierro a la palabra inmigrante, se ha subsumido en la despersonalizada «migrante» que opera como fórmula neutral que abarca cualquier movimiento. Poco favor hacen los mitrados a los inmigrantes desposeyéndoles de su singularidad y de la carga emocional, dramática y afectiva que conlleva su condición.
Diluidas las personas en un movimiento neutro, borrar la condición legal o ilegal va de suyo. O bien se suprime en el discurso el término ilegal o, peor aún, se recurre a la media verdad mutándolo por el más afable «irregular». Así queda enmarcado el debate de forma que, en vez de hablar de “inmigrantes ilegales”, que suena muy mal, se habla de “migrantes en situación irregular”. Ya sólo resta resaltar las bondades de la “regularización” minimizando, cuando no despreciando o simplemente obviando cualquier pero. Tampoco importa que el discurso se fundamente en incoherencias o en argumentos socioeconómicos discutibles. Basta soslayar todo inconveniente enfatizando que la regularización masiva es una expresión del deber caritativo de acogida.
Dicen que los migrantes aportarán mano de obra necesaria, pero no explican cómo encaja en un país que registra el desempleo más elevado de la Unión Europea. Afirman que traerán riqueza, sin mencionar el coste de su integración ni cómo financiar el aumento de la demanda de unos servicios públicos ya de por sí saturados. Enfatizan que serán el sostén de las futuras pensiones, descartando que debieran asegurarse fundamentalmente fomentando la natalidad, cuya tasa es una de las más bajas de Europa, afrontando el aborto, la crisis familiar y las dificultades de los jóvenes para desarrollar un proyecto vital estable.
Obviamente nada se menciona de los impactos negativos como el efecto llamada o los conflictos y tensiones sociales que está provocando el fracaso del multiculturalismo en Europa con el surgimiento de guetos y el incremento de la inseguridad. Tampoco se señala que quienes sufrirán los efectos más directos serán las personas que suman ese 19% de la población que, según el Informe FOESSA de Cáritas Española, ya están afectadas por la exclusión social y las clases medias cada vez más bajas.
Acoger y tratar dignamente a todas las personas es una obligación moral, pero no justifica una regularización masiva obviando los problemas sociales, económicos, políticos, culturales y religiosos que suscita y los desafíos que plantea a las comunidades nacionales. Menos aun olvidando que los “irregulares” lo son por haber llegado ilegalmente y diluyendo, en un movimiento migrante, las responsabilidades personales. Para fomentar la justicia social, amén de la caridad, es imprescindible respetar el estado de derecho instando a que todos, no sólo los nacionales, asuman sus obligaciones.
En este contexto, también hay que subrayar que entre los obispos han surgido voces críticas y que muchos católicos han expresado su disidencia en redes sociales sumándose a esa mayoría de españoles -más del 60% según encuestas recientes, que rechazan la medida. Por ello, para quienes puedan sentirse confusos, incluso objeto de un cierto chantaje moral, conviene recordar la opinión expresada hace unos días por el Obispo de Roma, el papa León XIV, sobre la inmigración, prestando atención tanto al momento, regresando de su viaje apostólico por África, como al orden en el que expone sus ideas.
Primero habla de legalidad e impacto: “Personalmente creo que un Estado tiene derecho a poner reglas para sus fronteras. Yo no digo que todos deben entrar como sea, sin orden, creando situaciones a veces más injustas en el lugar donde llegan del que han dejado”. Seguidamente de la raíz del problema; “para que no haya la necesidad de emigrar” instando a los países más ricos a “promover mayor justicia e igualdad en el desarrollo de estos países de África”. Concluye con la exigencia de un trato digno; “en todo caso, cuando llegan las personas son seres humanos y merecen el respeto que cada ser humano merece por la dignidad humana”.
Esta sí es una expresión de caridad que, por verdadera, ni hiere ni engaña.
