Mejor no saber

Son mayoría quienes ni conocen ni quieren conocer el coste de los bienes y servicios públicos, ni de donde sale el dinero para financiarlos; actitud que pagamos a precio muy alto.

Podrá pensarse que tamaña afirmación sobre la ignorancia ciudadana respecto de lo público es exagerada e injusta, pero lamentablemente lo constato a diario. De hecho estoy convencido de que si hiciese una encuesta preguntando por el coste real de prestaciones públicas básicas la inmensa mayoría no sabría qué contestar. Más aún, muchos pensarían que es asunto que no les incumbe, incluso se sentirían molestos cuando no ofendidos.

Prueba de esta actitud tan irresponsable es el rechazo que suscita la llamada factura en sombra; fórmula mediante la que se informa del coste del servicio prestado. Dejando aparte los debates sobre su efectividad para cambiar la conducta del demandante del servicio, de lo que no hay duda es de su utilidad pedagógica. Por ello no deja de ser llamativa la oposición popular que genera y que tanto aprovechan algunos políticos para hacer demagogia.  

Frente a lo que cabría esperar de ciudadanos adultos interesados en estar mejor informados para poder opinar y decidir con mayor criterio, se prefiere no saber. Más aún no pocos ven la información como un agravio, reaccionando con aquello de «con lo que pago ya les vale». Afirmación que sólo refleja ignorancia, pues ese convencimiento de que el saldo del sistema les es siempre favorable es falso; generalmente suele ser lo contario, reciben más de lo que aportan.

Otra prueba evidente del desconocimiento sobre los dineros públicos es esa alegría tan extendida con la que se reciben y demandan todo tipo de subvenciones, bonos, ayudas y demás dádivas públicas. Si justificadas para atender a los menos favorecidos y necesidades sociales concretas, su expansión, nunca suficiente, pues siempre se quiere más, obedece a otras razones mucho menos solidarias. Razones que, en gran medida, explican el éxito de la omertá existente en torno al coste real de las prestaciones públicas.

Por causas sociológicas cuyo análisis  escapa a esta reflexión está instaurado una suerte de pacto de silencio no escrito entre administradores y administrados por el cual los unos no informan y los otros prefieren no saber. Así, en tiempos donde se habla y legisla tanto sobre transparencia y rendición de cuentas, resulta que saber lo que cuesta al erario público un trayecto en autobús o en tren sea todo un misterio. Eso sí, no dejan de prodigarse ofertas públicas muy aplaudidas que van desde la gratuidad total hasta descuentos estrambóticos, a la par que cada vez son menos los ciudadanos que se preguntan cual es el coste real, quién sufraga la diferencia y de dónde sale el dinero.

Obviamente este silencio tiene consecuencias y nunca positivas. Favorece todo tipo de populismos, promueve el despilfarro y contribuye al fenómeno de la corrupción. Y digo bien fenómeno por cuanto el ocultismo no sólo es caldo de cultivo para la proliferación de corruptos, sino también por lo poco penalizada que está por parte de la ciudadanía. Hecho que los expertos no dejan de constatar cada vez que hay elecciones. Pero, por si estos efectos no fuesen suficientemente graves, van acompañados de otros tanto o más preocupantes. Dos claros ejemplos son el exceso de deuda y la merma de libertad.

La deuda tiene mucho que ver con quién paga la fiesta de las dádivas públicas. Aunque a raíz de su vertiginosos crecimiento sí se habla algo más de ella, tampoco es que los gobernantes sean muy pedagógicos al respecto. Lo que no dicen sin rodeos es que hace tiempo que debemos más de lo que generamos de riqueza, que anualmente pagamos un disparate en intereses, más de lo que gastamos en prestaciones por desempleo, o que a nuestros hijos y nietos les estamos dejando una carga que ya está lastrando sus expectativas de progreso.

Respecto de la libertad, base de la existencia de ciudadanos adultos con criterio propio, se ve reducida en la medida que la sociedad es crecientemente dependiente de la ayuda pública. Cuanto mayor es la dependencia generada, más poder se le otorga al estado y a quienes lo gobiernan para someter a los gobernados a su tutela. No obstante, visto el despilfarro reinante, más aplaudido que contestado, muchos ciudadanos, cegados por el beneficio cortoplacista, no parecen tomar nota de que tanta regalía la pagan entregando a plazos su libertad; o, quizás sí y les da igual.

Entre tanto, a fuerza de no querer saber, parece que la sociedad ha optado por desconocer que el camino más recto a la pobreza y al sometimiento es el señalado con el letrero de “gratis total”.