Lecciones irlandesas

Mientras que los irlandeses pueden opinar sobre cuestiones relevantes, véase la familia o las madres, en España, sin consulta alguna, avanza la liquidación de conceptos básicos.

Estaban convencidos de que su nuevo impulso postmodernista saldría triunfante. Que las propuestas de reforma constitucional contasen con el apoyo del gobierno, la mayoría de los partidos de la oposición y las organizaciones progresistas, avalaba su optimismo. Los irlandeses ya estaban en el camino de la posverdad. Ya habían tuneado su constitución al gusto del mundialismo dominante; en 2015 diluyendo el concepto de matrimonio para incluir uniones del mismo sexo y en 2018 recortando el derecho a la vida para posibilitar el aborto. ¿Por qué iban a oponerse ahora a unas nuevas enmiendas tan positivas para avanzar hacia una  sociedad más inclusiva y menos sexista?

¡Menuda sorpresa! Incluso con el plus oportunista de convocar las consultas el día de la fiesta mayor del feminismo, va y resulta que el pasado 8 de marzo una mayoría de irlandeses votó en contra de cambios tan benéficos.

La primera enmienda buscaba redefinir el concepto constitucional de «familia» ampliándolo o diluyéndolo, según se vea. De estar basada la familia exclusivamente en la institución del matrimonio, pasaba a incluir “otras relaciones duraderas”. Fue rechazada por un 68%.

La segunda propuesta, recibió un varapalo aún mayor. Consistía en sustituir dos artículos por uno. Se suprimía el reconocimiento del valor aportado al bien común por la mujer en el hogar y, consecuentemente, el apoyo que el estado debería dar a las madres para evitar que, por necesidad económica, tuviesen que descuidar sus tareas domésticas. A cambio se añadía un texto que sustituye el término madre por el de cualquier miembro de la familia. Votó en contra un 74%.

Obviamente tamaña derrota tiene lecturas varias. Unos, los más activistas del “sí”, aquellos que, tras sus éxitos de 2015 y 2018 se deshacían en loas a la inteligencia y virtudes progresistas de la sociedad irlandesa, ahora atribuyen el fracaso a su apego al enraizado fanatismo católico y a la ignorancia. Otros, como el gobierno, dicen haberse explicado mal. Para mí que la mayoría ha entendido muy bien lo que estaba en juego y ha apostado por la prudencia. ¿En qué consiste un matrimonio basado en “otras relaciones duraderas”? ¿Por qué diluir el papel de la madre en el cuidado de las familias y su contribución al bien común, equiparando su valor al de cualquier otro miembro? La familia no puede ser cualquier cosa y el cuidado de una madre es insustituible, dijeron muchos irlandeses con su voto.

Comparando lo acaecido en Irlanda con lo que es costumbre en España, en eso que llaman democracia nos ganan por goleada. Mientras que allí los ciudadanos pueden expresar su opinión sobre cuestiones cruciales condicionando la acción política, aquí, los políticos sólo consultan con ellos mismos y con organizaciones afines. Los ciudadanos deben limitarse a otorgarles cada cuatro años su confianza, que ellos entienden como plenos poderes, acatar lo que les dicten sus señorías y no discrepar.  

Con esta fórmula tan participativa no es de extrañar que España se haya situado a la vanguardia de los asuntos más irracionales. Viene al caso la llamada Ley Trans aprobada en febrero de 2023, repleta de disparates que dudo mucho hubiesen superado la criba de un referéndum por mucho que nos dijesen que los españoles la estaban pidiendo a gritos. Técnica utilizada desde hace tiempo con amplia colaboración mediática para imponer vilezas ideológicas cuando no apaños políticos.   

Haber consolidado un modelo de decisión política tan ajeno a la voluntad popular, sujeto al dictado de élites nacionales y transnacionales, ha propiciado el éxito de tanta aberración. Igual que alteran la concepción misma de la paternidad o maternidad, de la familia o del sexo biológico, lo hacen con el derecho a la vida o el terrorismo. Lo que conviene en cada momento se decide arriba, cuando no lejos, y lo de consultar a los ciudadanos en un referéndum sobre decisiones políticas de especial trascendencia está en el artículo 92 de la Constitución sólo por si alguna vez pudiera resultar útil al poder de turno.

La pregunta que queda en el aire es si todos los desmanes ideológicos que se han registrado en el BOE hubiesen llegado a buen fin de haber consultado previamente a los españoles. Me temo que al menos no todos. O acaso alguien duda de por qué no someten a referéndum asuntos como la amnistía. ¿Será que no acaban de fiarse de esa presunción tan asentada de que ellos, con sus manipuladas encuestas y estudios, interpretan fielmente la voluntad popular? Para que llevarse sorpresas, como tantas veces arrojan los referéndums, si pueden evitarlas. Así nos va.