Intereses legítimos

Si las peores mentiras son las verdades a medias, las peores democracias son las tuteladas por poderes proclives a amordazar a la ciudadanía. La decisión del Tribunal Supremo relativa a los recursos contra los indultos a los líderes catalanes sediciosos es un nuevo ejemplo de sometimiento que está deviniendo en peligrosa costumbre.

Controlar y limitar la soberanía ciudadana es una tentación del poder tanto o más fuerte que la corrupción económica o el nepotismo. De ahí que la historia sea rica en fórmulas de sometimiento ya sean públicas y contundentes, como en las dictaduras, o blandas y camufladas, como en las democracias tuteladas. Acallar a la opinión pública, censurando o excluyendo voces discrepantes, es una opción recurrente, pero quizás las formas más maliciosas y dañinas de un despotismo blando son las que se ejercen sobre el pensamiento y el ordenamiento jurídico.

Respecto del recurso a la capacidad del omnipotente pensamiento único para ejercer una censura intelectual colectiva, por evidente en nuestros días, creo no requiere mayor explicación. Por contra, la insidiosa utilización del ordenamiento sí merece un comentario. Primero por ser la fórmula que ha posibilitado el caso que nos ocupa, pero sobre todo porque al tratarse de un ámbito de mayor dificultad de acceso y comprensión para la mayoría de los ciudadanos, permite al poder camuflar mejor sus torcidas intenciones.  

Evidentemente, para un desenvolvimiento lo menos conflictivo posible de la sociedad, todos los derechos requieren ser ordenados. No obstante, cuando dicho ordenamiento se emplea para encauzar, tortuosa e interesadamente, la conducta de los administrados en el sentido que al poder conviene, se convierte en un opaco laberinto en el que no sólo caben interpretaciones que llevan a la negación de derechos fundamentales, sino a su dilución. Este es el tipo de ordenamiento que, a la vista de lo publicado, ha posibilitado la resolución sobre los recursos presentados contra los indultos concedidos a nueve condenados por sedición y malversación. Que la sala haya podido acordar la inadmisión de todos los recursos presentados, aduciendo falta de legitimación de los recurrentes, es una clara muestra de ello y de la capacidad de esta vía para laminar derechos fundamentales.  Es un paso más que viene a sumarse a toda una serie de iniciativas políticas, mediáticas, educativas y administrativas conducentes a la restricción de la soberanía personal y colectiva y a la imposición de un nuevo orden político y social tutelado.

Quizás la pregunta que cabría hacer al tribunal es si, conforme al ordenamiento aplicado, queda alguien en España legitimado para recurrir los indultos. ¿Acaso no somos todos los españoles opuestos a la sedición perjudicados directos de la misma? ¿Acaso los sediciosos no se han alzado contra nuestros derechos y soberanía utilizando fraudulentamente nuestro dinero? Se supone que todo español tiene el derecho fundamental de invocar la acción de los órganos judiciales en defensa de sus intereses legítimos. ¿Acaso no han sido conculcados nuestros legítimos intereses al indultar a quienes los han violentado?  ¿Dónde queda la tutela judicial de nuestros derechos? Probablemente desde dentro del siniestro laberinto en que están convirtiendo el ordenamiento, la motivación del alto tribunal podrá ser una gollería jurídica, pero visto desde fuera, en términos de respeto a los derechos fundamentales, es tan insostenible como ofensiva y peligrosa pues tratar a los ciudadanos como ovejas de un rebaño amen de vejatorio no suele acabar bien.  

Ser o no una sociedad más o menos libre depende de la disposición de sus ciudadanos a hacerse respetar defendiendo día a día sus derechos fundamentales o, lo que es lo mismo, su dignidad. No alzar la voz, callar, desentenderse por desidia o miedo a significarse, disimular, por ser más rentable estar a bien con el poder, es una actitud indigna de sumisión que sólo lleva a ser tutelado. Porque no se olvide que siempre hay quien sí está dispuesto a ordenar a los demás cómo tienen que vivir para hacer prevalecer sus intereses, sean o no legítimos.