Ante un «contexto eutanásico» el derecho a saber

Dosificar la confianza es tan de cuerdos como recelar ante la bondad aparente de quien vive del engaño. De ahí que la ley de eutanasia aprobada por el Congreso haya alarmado sobremanera. Si escoger a quién encomendar la salud siempre ha sido asunto delicado, tras la legalización del homicidio médico, por mera prudencia vital habrá que saber si, quien ofrece sus servicios sanitarios, es o no partidario.

No busco convencer de mi rechazo de la eutanasia. Si el «no matarás» de nada sirve, la opinión en contra mayoritaria de los expertos es ignorada y tras el fracaso socio-sanitario del estado, que ha llevado a miles de ancianos a fallecer indignamente, aún hay quien cree que la eutanasia estatal es buena, poco cabe razonar. Lo malo y preocupante es que nos afecta a todos y mucho más de lo que parece. Por ello vengo a reivindicar el derecho a saber para protegerme en lo posible, a mí y a las personas a las que aprecio, de tamaño disparate.

Quien no sepa lo que significa la «nueva normalidad» sólo tiene que leer la ley. Retrata la ideología que inspira la hoja de ruta de la demolición del modelo de valores heredado, y refleja el nivel cultural, ético y jurídico de sus promotores. La ley es tan torcida como su intención. Como la razón no alcanza para justificar el homicidio médico, sus redactores han tirado de compasión dosificada y lenguaje meloso manipulado, sembrando el texto de falacias, confusión, discrecionalidad e incoherencias. Es una joya. Para muestra la disposición que dice así: La muerte producida derivada de la prestación de ayuda para morir tendrá la consideración de muerte natural a todos los efectos. Así pues, mientras los miles de suicidios que se producen anualmente en España se califican de muerte violenta, si te ayuda a suicidarte el estado falleces de muerte natural. ¡He aquí la clave! Porque lo que pretenden los compasivos estatistas es sencillamente controlar, en este caso monopolizando la muerte digna.

Reconociendo la eutanasia y el auxilio al suicidio como un derecho y una prestación del sistema sanitario, el estado se arroga ni más ni menos que la potestad de decidir cuándo es o no digna la calidad de vida de una persona y cuál es el grado de sufrimiento soportable. Para ello se articulan unos criterios confusos como su denominación, «contexto eutanásico», y un procedimiento supuestamente garantista que nace sujeto a interpretaciones y excepciones. Todo justificado por la necesidad de responder a una demanda social compasivamente y para respetar la autonomía y voluntad personal. Pero nada es lo que parece.

Ni existe demanda social, salvo tristes casos concretos instrumentalizados, ni la compasión es tanta. Sin ir más lejos, los miles de suicidas mencionados son excluidos; no caben en el «contexto eutanásico». Igual es que su sufrimiento y desesperación no merece conmiseración. Tampoco es ley tan respetuosa con la autonomía personal. Ni muchos de los que encajarían en el «contexto eutanásico» gozan de facto de auténtica autonomía, ni se reconoce la capacidad individual para decidir sobre los límites aceptables de deterioro de su calidad de vida. Al contrario se niega esa facultad. Si la ley fuese tan respetuosa y liberal como se presenta la reconocería, y facilitaría la muerte a todo aquel que desee morir.

En suma, amén de violar el derecho inalienable a la vida, es una ley arbitraria que pone en manos del estado unos poderes que jamás debiera ostentar. La compasión secularizada y sectaria que predica es fría, burocrática y exenta de humanidad. Evidentemente la familia no aparece en el texto ni por asomo. ¿Para qué? No vaya a ser que interfiera en la tarea de los siempre disponibles agentes colaboradores del estado haciendo preguntas inoportunas.

Pero si grave es el daño directo que ocasionará la ley, mayor es el peligro inducido que encierra. Convirtiendo la eutanasia en un derecho, se induce la percepción social de que es bueno o cuando menos aceptable. Personas mayores que sientan ser una carga verán en esta vía un alivio y, siendo legal, se enseñará y divulgará convirtiéndose en práctica asimilada entre el personal sanitario. Poco a poco se irá «normalizando» y, como ha sucedido con el aborto, lo excepcional se convertirá en una opción más. Pasará a formar parte de la cultura sanitaria e inexorablemente se reflejara en la conducta y praxis de no pocos profesionales y entidades. Pero para muchos pacientes no dejará de ser lo que es y la confianza, eslabón esencial entre el sistema sanitario y sus usuarios, se habrá quebrado.

Cuando no se tiene la certeza de que el homicidio médico nunca se contemplará como una opción, es legítimo y prudente plantearse a qué urgencias llevar al abuelo y quién será el personal sanitario que le atienda y asesore. Llegado a este punto, la libertad de elección de médico y hospital adquiere toda su relevancia. Y si la ley prevé que los profesionales que opten por la objeción de conciencia deban registrarse, lo que no deja de ser una forma artera de control, los pacientes deberíamos tener el derecho de saber quienes no tienen objeción a ejercer el homicidio sanitario. Pero mucho me temo que, en la «nueva normalidad», como sucede con la libertad educativa,  esta será otra batalla que habrá que librar.