No sé si la historia se repite ciegamente pero hay páginas que resultan ser calcos. Siempre que el gobernante acuerda sortear la justicia para conservar el poder se repiten los mismos elementos: pacta por conveniencia con un chantajista, lo justifica en aras de la paz, lo hace a costa de una víctima y convierte a esta en culpable.
Probablemente el indulto más famoso de la historia sea el que concedió Poncio Pilatos a Barrabás. Consciente de la injusticia, Pilatos ejerce su prerrogativa para liberar de la pena a un reo del delito de rebelión y condenar a un inocente. Primero se resiste, sabedor de lo abyecto del acto, pero cuando los jefes sacerdotales que le facilitan el gobierno, apoyados en los rebeldes partidarios de Barrabás, se lo exigen, Pilatos ve peligrar su posición y opta por contemporizar. Evitar más revueltas y actuar como gobernante pacificador son las razones en las que envuelve su vileza. Pero ni con esas deja de sentirse sucio. No le faltan motivos; ha prostituido una potestad, el indulto, concebida para hacer justicia y ha comprado su seguridad pagando el chantaje culpando y condenado a un inocente.
Como prefecto Pilatos representaba y debía defender los dos pilares en los que se asentaba la Pax romana; el monopolio de la fuerza y el derecho romano; un orden jurídico que, con todas sus fallas, era garante de una mejor justicia. Pero cuando percibió que cumplir su obligación impidiendo una condena injusta podía perjudicarle, en su debilidad y cobardía, optó por allanarse y hacer un uso torticero del indulto. Probablemente intentó acallar su conciencia pensando que el derecho puede servir a la paz aún acosta de la verdad y la justicia.
Lamentablemente, en estos días, los gobernantes de turno, creyéndose originales y negándose a aprender de los errores de la historia, henchidos de ambición de poder buscan repetirlos. Véase sino la semejanza entre los indultos en ciernes a los dirigentes independentistas condenados por sedición y lo acontecido hace dos mil años en el pretorio de Jerusalén. Los mismos actores, idénticas razones y miserias y como no la víctima convertida en culpable; en este caso la mayoría del pueblo español.
Ciertamente la liberación de los sediciosos, de quienes se alzaron contra el pueblo usando el poder y los medios que éste les había confiado para su gobierno, no llevará implícita la condena a muerte de la víctima. Pero sí supondrá socavar el estado de derecho garante de nuestra seguridad y ahondar en la fractura social. La mera intención de otorgar indultos tan injustos es, en sí misma, una afrenta a la sociedad sufridora de la acción sediciosa. No contentos con dar la razón a los condenados, los gobernantes, para justificar su interesada ignominia ya han acusado a la víctima de ser la culpable de la situación. Recurriendo a una exitosa vieja fórmula de poderes autoritarios, hoy en día muy extendida, para diluir su responsabilidad los promotores de la felonía se han esforzado, sin el menor recato, en la manipulación emocional buscando trasladar a los ciudadanos un sentimiento de culpabilidad. La venganza no figura entre los valores constitucionales se han hartado a proclamar quienes han hecho de la revancha una forma de gobierno.
Erigidos en constructores de espacios de paz y convivencia, no han dudado en alentar la infamia de pretender convertir a las víctimas en falsos culpables; gentes vengativas en cuya cerrazón refractaria a todo diálogo está la raíz del problema. La condena no recaerá en los golpistas sino en el sistema judicial español propio de una sociedad intolerante de cuyas culpas ellos se encargarán de redimirnos para bien de todos. Puede que a corto se salgan con la suya, así lo creyeron los libertadores de Barrabás, pero como la paz no puede asentarse contra la verdad y la justicia, sólo me cabe confiar que los españoles seamos capaces de revertir la historia y no se repita lo que aconteció más tarde en Jerusalén.
Javier Rubio De Urquía (Sic) 